Esto es todo lo que cambiará la nueva ley de residuos
Las medidas recogidas en la nueva normativa están dirigidas a reducir la generación de residuos y promover su reciclaje, tal y como señala el paquete de economía circular de la UE.
La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, confía en que “en breve” –este mismo mes de mayo– será aprobado el anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados por el Consejo de Ministros para darle traslado al Parlamento, donde se tramitará la futura Ley que marcará una nueva relación de los ciudadanos, empresas y administraciones con los residuos.
El borrador de la nueva ley comenzó a prepararse a principios de 2020 y a final de la primavera de ese año, ya en plena fase de desescalada tras el confinamiento para frenar el coronavirus, pasó por el Consejo de Ministros, para iniciar así los pertinentes trámites. La última versión del futuro texto normativo que ya incluye los comentarios del Consejo de Estado está fechada a finales de abril.
En base al principio de que ‘quien contamina paga’, el anteproyecto legal establece nuevos impuestos.
Se trata de una normativa que estará muy ligada a los principios de la economía circular, ya que la última de las opciones para un residuo será, precisamente, la de convertirse en eso: un residuo, pues el objetivo se centra en poder utilizar cada recurso una y otra vez y acabar de una vez por todas con el concepto de usar y tirar. La ley incluirá también nuevas medidas dirigidas a restaurar los suelos contaminados y el inicio de un plan para eliminar el amianto, ya que obligará a los Ayuntamientos a elaborar de aquí a 2023 un censo de edificios e instalaciones afectados por esta sustancia perjudicial para la salud, junto con un calendario para su retirada. En esa circularidad establece igualmente los requisitos para que un residuo deje de serlo “legalmente” y pueda volver a incorporarse al sistema.
La iniciativa apuesta por incrementar las recogidas separadas de distintas fracciones de residuos, incluso con recogida puerta a puerta y otra serie de soluciones y descansa en las competencias locales la obligación expresa, de modo que por primera vez los Ayuntamientos deberán disponer de una tasa o bien de prestación patrimonial diferenciada y específica para los servicios que están obligados a prestar en cuanto a los residuos municipales. Estas tasas, algunas de las cuales sufragará el ciudadano, deberán encaminarse hacia el pago por generación.